El expresidente del Perú, Pedro Castillo, ha presentado un nuevo intento legal para abandonar el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva desde su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Su defensa ha solicitado que se le revoque la medida de prisión preventiva y se le otorgue vigilancia electrónica domiciliaria.
El recurso de apelación fue concedido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y remitido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que determinará si procede el cambio de medida. En caso de ser aceptado, Castillo podría participar en una audiencia virtual para sustentar su solicitud.
Juicio oral programado para el 4 de marzo
Mientras tanto, el Poder Judicial ha programado para el próximo 4 de marzo el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo, quien es acusado como coautor del presunto delito de rebelión y autor de abuso de autoridad. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión, así como el pago de una reparación civil de S/65.419.038,53 soles y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y seis meses.
El juicio también involucra a exfuncionarios de su gobierno, incluyendo a Betssy Chávez, Willy Huerta Olivas, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, para quienes la Fiscalía ha solicitado penas de 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y seis meses en la función pública. En el caso de Aníbal Torres, la petición fiscal asciende a 15 años de cárcel.
Por otro lado, el congresista Roberto Sánchez Palomino, también inicialmente incluido en el proceso, ha logrado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema archive la acusación en su contra por presunta rebelión.
Los argumentos de la defensa de Castillo
La defensa del exmandatario sostiene que existen nuevos elementos de convicción que demostrarían la no concurrencia de los delitos imputados por la Fiscalía. Argumentan que la decisión del juez Juan Carlos Checkley, quien el pasado 29 de enero declaró infundado su pedido de cese de prisión preventiva, vulnera los derechos de su cliente.
Si la Sala Penal Permanente acepta la apelación, se fijaría una audiencia virtual para determinar si Pedro Castillo podría cumplir su proceso bajo vigilancia electrónica en lugar de continuar en prisión.
