Poder Judicial

Hace 7 horas

Caso Humala-Heredia: TC permite uso de agendas en investigación por presunto lavado de activos

El TC declaró infundado el recurso presentado por la pareja, asegurando que el Poder Judicial evaluará la legalidad de las pruebas en el juicio.

Foto: ANDINA



El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para excluir las agendas de la exprimera dama como pruebas en el juicio por presunto lavado de activos. Estas agendas contienen registros que, según la Fiscalía, evidencian presuntos pagos ilegales durante la campaña presidencial del 2011.

En su resolución, el TC determinó que es prematuro cuestionar la legalidad de las agendas como pruebas, ya que dicha evaluación corresponde al Poder Judicial (PJ) durante el juicio oral en curso. “Todavía existe un proceso penal en el que se va a tramitar un juicio oral con la posibilidad de contradecir los medios probatorios admitidos”, indica la sentencia.

La decisión fue respaldada por mayoría, con los votos de su presidenta, Luz Pacheco, y los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández. Aunque otros tres magistrados emitieron votos singulares, también respaldaron la declaración de infundada por argumentos distintos.

Los abogados de Humala y Heredia argumentaron que las agendas fueron obtenidas de manera irregular, lo que violaría los derechos de inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados, así como la intimidad personal y familiar de la pareja. 

Las agendas de Heredia han sido pieza clave en la investigación, ya que supuestamente contienen registros que implican el uso de fondos ilícitos provenientes de empresas brasileñas como Odebrecht y otras fuentes extranjeras para financiar la campaña electoral de 2011.

JUICIO SIGUE CURSO CON LAS AGENDAS 

Con esta resolución, las agendas se mantienen como pruebas admitidas en el juicio contra la pareja, acusada de lavado de activos. Este caso, uno de los más emblemáticos de presunta corrupción en el país, continúa bajo la supervisión del Poder Judicial, que decidirá finalmente sobre la validez de las pruebas y la responsabilidad de los acusados.


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