El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirmó que la Ley 32181, que reforma el Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, "puede ser inaplicada". Arévalo sostuvo que los jueces tienen la facultad de inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución.
Asimismo, explicó que los jueces tienen la última palabra al aplicar o no una norma, según su adecuación a la Constitución Política del Perú. “Los jueces tienen la última palabra y si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución, las aplicarán, y si no, lo contrario”, aseguró.
El presidente del PJ aclaró que esta potestad debe ejercerse con responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales, garantizando la justicia. Además, señaló que la inaplicación de normas se hace solo cuando se considera que atentan contra los principios constitucionales.
LEY CUESTIONADA
La promulgación de la Ley 32181, firmada por la presidenta Dina Boluarte, ha generado diversos cuestionamientos y preocupación en sectores judiciales y fiscales, quienes consideran que limita una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
