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Hace 2 días

José Arriola: PJ ordena levantar secreto bancario de congresista por presunto recorte de sueldos

El levantamiento del secreto bancario permitirá rastrear transferencias y depósitos entre el congresista José Arriola y sus trabajadores, en el marco de una investigación por concusión.

Foto: ANDINA



El Poder Judicial aprobó el levantamiento del secreto bancario del congresista José Arriola, de Podemos Perú, en el marco de las investigaciones por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Según la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, esta medida también se aplicará a seis trabajadores afectados, con el objetivo de rastrear transferencias o depósitos que podrían sustentar las acusaciones.

La solicitud fue promovida por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, que investigará las cuentas bancarias de José Arriola y sus trabajadores. Las entidades financieras, tanto públicas como privadas, deberán proporcionar la información requerida de manera inmediata.

“Esta medida busca identificar el número total de transferencias, depósitos u operaciones bancarias realizadas en las cuentas activas y pasivas del investigado y de los trabajadores afectados”, señala el documento. Los resultados serán presentados para el control respectivo y se notificará a los involucrados, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 204° del Código Procesal Penal.

LA DENUNCIA CONTRA ARRIOLA: ANTECEDENTES Y ACUSACIONES

La investigación preliminar contra José Arriola inició en abril de 2023 tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló que algunos trabajadores de su despacho eran obligados a entregar un porcentaje de su salario mensual. Según el informe, estos aportes habrían sido utilizados para actividades sociales organizadas por el congresista.

Durante una diligencia realizada por la Fiscalía en el despacho de Arriola, se encontraron declaraciones juradas de los trabajadores, donde admitían la entrega de sumas de dinero y víveres para dichas campañas. Esto llevó a la Procuraduría General del Estado a presentar una denuncia penal por presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de concusión, sancionado en el artículo 382° del Código Penal.


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