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Hace un mes

Caso Lomas de Ilo: Fiscalía ratifica medida cautelar sobre bienes de Martín Vizcarra

Los bienes, valorizados en más de S/ 5,8 millones, están vinculados a presuntas actividades ilícitas durante su gestión como presidente regional de Moquegua.




El Ministerio Público informó que se ha confirmado una medida cautelar de inhibición sobre 15 inmuebles relacionados con el expresidente Martín Vizcarra y su cónyuge, Maribel Díaz Cabello.

Los predios, ubicados en Lima y Moquegua, están valorizados en S/ 5'810,252 y forman parte de las investigaciones vinculadas a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, que involucran presuntos delitos contra la administración pública.

La medida, dispuesta por la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, busca garantizar la disponibilidad de estos bienes para una eventual reparación civil en favor del Estado. Entre las propiedades destacan dos departamentos, dos estacionamientos y un depósito en San Isidro, así como un lote en una asociación de vivienda con diez subviviendas en Moquegua.

Relación con actividades ilícitas

Según la Fiscalía, estos inmuebles estarían vinculados a presuntas irregularidades cometidas por Vizcarra cuando ejercía como presidente regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Los casos investigados involucran contratos y proyectos que habrían sido utilizados para beneficiar intereses personales.

El embargo preventivo, implementado desde septiembre de este año, prohíbe que el expresidente y su esposa vendan, transfieran o realicen cualquier acción sobre las propiedades mientras duren las investigaciones. Esta medida cautelar asegura que los activos queden disponibles para responder a las responsabilidades legales que puedan determinarse.

Implicancias y próximos pasos

El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio lidera las acciones legales para garantizar la transparencia en el proceso y resguardar los intereses del Estado. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar la corrupción en la administración pública y garantizar que los implicados asuman sus responsabilidades.


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