El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Iván Siucho y otras nueve personas, como parte de la investigación por los presuntos delitos de secuestro extorsivo, secuestro agravado y asociación con banda criminal.
La resolución fue emitida por la jueza Enma Peña Ortiz tras el pedido del fiscal provincial Nilo Paredes Chávez, en relación al secuestro ocurrido el pasado 23 de agosto en el distrito limeño de Santiago de Surco.
La medida incluye acceso al historial de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y comunicaciones de WhatsApp de las líneas asociadas a los investigados entre el 1 y el 31 de agosto de 2024. Según la Fiscalía, esta diligencia es crucial para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en el caso que involucra a siete presuntos secuestradores armados que ingresaron al departamento de Siucho, amenazaron a su pareja y lo llevaron a un auto antes de liberarlo.
Más implicados y vínculos complejos
Entre los nueve investigados figuran tres policías, cuya participación es motivo de preocupación debido a su vínculo con una posible banda criminal. Además, la investigación destaca la relación de Siucho con el presentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín', quien también es investigado como parte de otra trama que involucra presuntos delitos de tráfico de influencias junto a una fiscal suspendida y un empresario minero.
La jueza determinó que la Fiscalía ha fundamentado su pedido de forma adecuada, destacando la gravedad de los delitos bajo investigación, cuyas penas superan los cinco años de prisión. También ordenó que las empresas de telefonía móvil proporcionen los registros solicitados en un plazo de cinco días hábiles y que el Ministerio Público informe sobre los avances de la diligencia.
Un caso que combina crimen y controversia
La situación de Iván Siucho Neira resulta aún más compleja, ya que no solo es víctima del secuestro, sino también investigado como presunto instigador de tráfico de influencias. Este entramado pone en evidencia la conexión entre redes delictivas y figuras públicas, generando un impacto significativo en la opinión pública y en la percepción de la justicia en el país.
