Este miércoles, las oficinas de 1190 Sports, ubicadas en San Isidro, fueron allanadas por la Fiscalía y la Policía Fiscal en el marco de las investigaciones contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Lozano enfrenta cargos por presunta corrupción y vínculos con la organización criminal ‘Los Galácticos’. Según la Fiscalía, habría favorecido a la empresa en la licitación de los derechos de transmisión de la Liga 1 para la temporada 2023, generando un conflicto de interés.
CONFLICTO DE INTERÉS EN LA FPF
La investigación señala que Lozano y la junta directiva de la FPF habrían intervenido en el proceso de licitación a favor de 1190 Sports y de Prisma SpA, empresa que actuó como asesora en la licitación. La comisión de derechos de televisión, compuesta por altos dirigentes como Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y Gisella Mandriotti, presidenta de Cantolao, tendría vínculos familiares con la empresa 1190 Sports. De hecho, Diego Delgado Raffo, representante de Prisma SpA, es primo de Joel Raffo y también de Julio Gianella Raffo, representante de 1190 Sports.
Las conexiones familiares habrían influido en las decisiones de la FPF, estableciendo un contrato de fideicomiso con 1190 Sports para la explotación de los derechos televisivos. Este acuerdo, según la hipótesis fiscal, se realizó de manera irregular y antes de la conclusión del proceso de licitación, lo que generó preocupación entre los investigadores.
ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES
La Fiscalía y la Dirección de Inteligencia de la PNP allanaron nueve propiedades en Lima, incluida la sede de 1190 Sports, buscando pruebas que respalden los cargos de corrupción. Agustín Lozano permanece bajo detención preliminar desde el 7 de noviembre, con un plazo de 15 días, y junto a él, Joel Raffo también fue detenido. Ambos enfrentan acusaciones que podrían derivar en cargos formales de corrupción y conflicto de interés.
La investigación también analiza los cambios al reglamento de la Liga 1 en 2023, los cuales sancionaban a los clubes que se oponían al modelo societario impuesto por la FPF y 1190 Sports. Este aspecto es considerado por la Fiscalía como un intento de controlar la oposición dentro de la liga profesional y asegurar los beneficios de la FPF y sus socios comerciales.
