El Poder Judicial revisará este 19 de noviembre la apelación de la congresista Heidy Juárez contra la resolución que autoriza el levantamiento de su secreto bancario en el marco de una investigación fiscal por el presunto cobro irregular a sus trabajadores.
La investigación, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, apunta a determinar si Juárez habría requerido parte de los sueldos de su equipo en beneficio propio.
La Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, analizará la apelación de la defensa de Juárez, quien solicitó que se revoque el fallo del juez Juan Carlos Checkley del pasado 19 de enero.
La congresista alega que el pedido fiscal se hizo luego de vencer el plazo máximo de la investigación preliminar y sin elementos de convicción suficientes para justificar la medida. Además, la defensa argumenta que los testimonios ofrecidos por la Fiscalía son contradictorios y no constituyen pruebas concluyentes.
LA RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA
Durante la audiencia, representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado expondrán sus argumentos en favor de la medida, la cual permitiría acceder a movimientos bancarios y operaciones financieras realizadas por Juárez y su asesor, Miguel Ángel Chafloque, entre enero y septiembre de 2022.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la congresista Juárez habría abusado de su cargo, induciendo a trabajadores de su despacho a entregar parte de sus remuneraciones en beneficio propio.
DEFENSA ALEGA FALTA DE PROPORCIONALIDAD
La defensa legal de Juárez y su asesor también argumentan que el levantamiento de secreto bancario es desproporcionado y que la resolución judicial no tomó en cuenta todas sus alegaciones.
Por su parte, el juez Checkley precisó que la medida es “idónea, necesaria y proporcional” para esclarecer las acusaciones, pues permitirá analizar el flujo de transferencias y depósitos en las cuentas de ambos investigados y comprobar si existen movimientos que respalden la acusación fiscal.
ANTECENDENTES DEL CASO
El caso ‘mocha sueldos’ comenzó a investigarse a inicios de marzo, cuando la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Juárez, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso, por el presunto delito de concusión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Juárez habría utilizado su posición para solicitar un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores, supuestamente para financiar actividades personales.
