La Fiscalía de la Nación, bajo el liderazgo de Delia Espinoza, anunció una próxima demanda de inconstitucionalidad contra la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) facultades para liderar las investigaciones preliminares, función que, según la fiscal, corresponde únicamente al Ministerio Público. La medida se presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) para asegurar que se mantenga la separación de roles establecidos en la Constitución.
En conferencia de prensa, Espinoza subrayó que la objeción a la norma se fundamenta en argumentos técnicos y jurídicos y no en motivaciones políticas. Según afirmó, la Constitución, en su artículo 159, numeral 4, establece que es el Ministerio Público el responsable de conducir las investigaciones. “Debemos ser respetuosos de las funciones de cada institución; la Fiscalía es quien debe liderar las investigaciones, y no la Policía Nacional”, enfatizó.
La Junta de Fiscales Supremos respaldó el pronunciamiento de Espinoza y, de igual forma, rechazó el otorgamiento de facultades investigadoras a la PNP. En su comunicado, señalaron que la norma busca centralizar la dirección de las investigaciones en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, de quien depende la Policía Nacional. Esto, indicaron, representaría una concentración de funciones sin precedentes en el Ejecutivo y que debilitaría la imparcialidad de las investigaciones.
Además, los fiscales supremas advirtieron que, de aplicarse esta ley, las pericias criminalísticas oficiales pasarían a ser competencia de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y no de las unidades periciales del Ministerio Público. “Este cambio es una muestra clara de la inconstitucionalidad de la norma”, añadieron.
UN RECURSO TÉCNICO Y JURÍDICO PARA LA DEMANDA
La fiscal de la Nación aclaró que el análisis para la demanda de inconstitucionalidad está basado en el derecho constitucional y técnico, asegurando que la autonomía y especialización del Ministerio Público son fundamentales para mantener la transparencia y el respeto a las instituciones en el marco del sistema de justicia. “Si existe alguna discrepancia es desde el punto de vista técnico y jurídico. Nos hemos adelantado en varios comunicados sobre los riesgos de esta ley”, declaró Espinoza, refiriéndose a la Ley 32130.
