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Ayer, 12:21 PM

Andrés Hurtado: dictan 18 meses de impedimento de salida del país contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei

PJ dicta 18 meses de impedimento de salida del país a fiscal suspendida y empresario por presunto tráfico de influencias en el marco de las investigaciones por caso Chibolín.

Andrés Hurtado: dictan 18 meses de impedimento de salida del país contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei

PJ dicta 18 meses de impedimento de salida del país a fiscal suspendida y empresario por presunto tráfico de influencias en el marco de las investigaciones por caso Chibolín.




El Poder Judicial aprobó la solicitud de la Fiscalía y dictó 18 meses de impedimento de salida del país para la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur y el empresario Augusto Javier Miu Lei. Ambos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en perjuicio del Estado Peruano, en el marco de las investigaciones por el caso Andrés Hurtado.

La medida, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, busca garantizar la participación de los involucrados en el proceso judicial mientras se desarrollan las investigaciones. El impedimento de salida rige desde el 21 de octubre de 2024 hasta el 20 de abril de 2026.

ESTOS SON LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

Según la Fiscalía, Peralta no cuenta con un fuerte arraigo familiar, ya que sus hijos son económicamente independientes. Además, se cuestionó su colaboración con las autoridades, destacando que al momento de la incautación de sus teléfonos negó la propiedad de uno de ellos. 

Por su parte, Javier Miu Lei también enfrenta cargos graves como la obstaculización de la justicia. Durante un allanamiento en su domicilio, las autoridades encontraron su pasaporte en una mesa de noche, lo que generó dudas sobre su intención de colaborar con la investigación. La Fiscalía argumentó que Miu Lei posee la capacidad de influir en operadores judiciales para revertir incautaciones y manipular voluntades, lo que aumenta el riesgo de obstrucción. Además, se resaltó que el acusado no cuenta con arraigo laboral o familiar.

Según los registros públicos, no posee inmuebles a su nombre y no presentó evidencia de que sus hijas dependan económicamente de él. Esto, junto a la administración de sus empresas a través de terceros, alimenta el riesgo de fuga.


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