La jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, Yavari Villanueva Portella, advirtió sobre las duras penas que enfrentan aquellos involucrados en casos de extorsión en el Perú. Según el Código Penal, este delito puede sancionarse con penas que van desde los 10 hasta los 15 años de prisión. Sin embargo, en casos donde la extorsión está acompañada de agravantes como el uso de armas de fuego o la implicación de múltiples personas, la condena puede incrementarse a entre 15 y 25 años.
Villanueva Portella explicó que el delito de extorsión implica obligar a una persona o institución a entregar algún tipo de beneficio en contra de su voluntad. En su modalidad básica, la extorsión ya conlleva penas elevadas, pero al añadirse agravantes como el uso de armas o explosivos, las sanciones se endurecen considerablemente.
Cadena perpetua en casos agravados
La magistrada resaltó que, si durante un acto extorsivo se producen daños, lesiones o incluso la muerte de una persona, se añaden nuevos tipos penales a la acusación. Esto puede llevar a que la pena máxima sea la cadena perpetua, lo cual refleja la gravedad con la que el Código Penal peruano considera este delito.
“En casos en los que además del acto extorsivo haya lesiones o muertes, se produce una concurrencia de tipos penales. Estas agravantes hacen que la pena alcance hasta la cadena perpetua”, señaló Villanueva Portella. Asimismo, destacó la importancia de que las autoridades sean notificadas de inmediato cuando una persona o institución enfrenta un intento de extorsión, ya sea mediante amenazas directas o indirectas.
Colaboradores y cómplices enfrentarán prisión
La jueza también advirtió que las penas de 10 a 15 años no solo se aplican a quienes cometen la extorsión directamente, sino también a aquellos que faciliten la información necesaria para perpetrar el delito. Villanueva Portella subrayó que esta sanción se extiende a personas que, en función de su trabajo o cargo, proporcionen información clave para la extorsión o aporten medios para su ejecución.
¿Qué hacer en caso de extorsión?
La magistrada enfatizó la importancia de denunciar los actos extorsivos a las autoridades competentes, como la Policía y la Fiscalía, especialmente en casos que involucren a instituciones educativas o empresas. Villanueva Portella indicó que esto es vital para permitir que se realicen investigaciones oportunas y se identifique rápidamente a los responsables.
