Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, afirmó que la Fiscalía ha incumplido los acuerdos de colaboración firmados tanto en Brasil como en Perú. Barata denunció presiones del Ministerio Público para que cambie su versión y "mienta" sobre los hechos relacionados con el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
DENUNCIAS DE PRESIÓN Y RIESGO A SU LIBERTAD
Barata aseguró que el reciente pedido de prisión preventiva es una medida de presión para que modifique su testimonio. “No acepto la presión para mentir y esta decisión ha puesto en riesgo mi libertad”, declaró ante el juez. Además, sostuvo que desde 2016 ha colaborado con las investigaciones y que, a pesar de ello, se le está acusando injustamente de colusión agravada.
Según el exdirectivo, las presiones que enfrenta actualmente son un intento por parte de la Fiscalía de forzar una versión de los hechos que no corresponde a la realidad, lo que calificó como una violación de los acuerdos previamente establecidos.
LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ
En julio de este año, el Poder Judicial decidió revocar el acuerdo de colaboración eficaz que Barata había firmado con la Fiscalía, lo que permitió que se solicitara la prisión preventiva en su contra. La resolución fue tomada luego de que el fiscal José Domingo Pérez demostrara que Barata no cumplió con su obligación de declarar en el caso que involucra al expresidente Ollanta Humala.
El Ministerio Público alega que Barata no reconoció hechos clave en su declaración, lo que lo aparta de los términos del acuerdo de colaboración. Como resultado, la jueza Margarita Salcedo dejó sin efecto los beneficios legales de Barata, y ordenó que sea acusado penalmente por los hechos vinculados al Gasoducto Sur.
EL CONFLICTO POR EL GASODUCTO SUR PERUANO
El caso Gasoducto Sur Peruano se refiere a la adjudicación del proyecto energético, en el cual Barata y otros funcionarios de Odebrecht son investigados por presunta colusión agravada en perjuicio del Estado peruano. El exdirectivo ha sido señalado como responsable de haber favorecido ilegalmente a la empresa en la adjudicación del proyecto, así como de haber facilitado la devolución de la carta fianza de otro proyecto relacionado.
