La Corte Suprema del Perú ha dispuesto una investigación exhaustiva sobre posibles irregularidades en la Corte Superior de Justicia de Lima, tras la detención del presentador de televisión Andrés Hurtado.
La medida fue ordenada a raíz de un informe periodístico que vincula a la jueza Paola Valdivia Sánchez con Hurtado, quien se encuentra bajo detención preliminar por siete días. La resolución fue firmada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el 20 de septiembre. Este caso ha encendido las alarmas sobre la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial peruano.
La polémica comenzó cuando el programa “Beto a Saber”, transmitido por Willax, difundió un testimonio que afirmaba que Andrés Hurtado había remodelado la casa de la jueza Paola Valdivia Sánchez a cambio de un favor judicial. Al ser consultada, la magistrada admitió haber recibido la remodelación, pero negó estar implicada en actos ilícitos.
Ante estos señalamientos, la Sala Plena de la Corte Suprema ha designado a los jueces supremos titulares Elvia Barrios y Ramiro Bustamante para que, en un plazo de 15 días hábiles, presenten un informe detallado sobre las presuntas irregularidades administrativas en el área penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
ACCIONES DEL PODER JUDICIAL Y LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su preocupación por la imagen de la institución y la necesidad de esclarecer los hechos. En paralelo, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial emitió un comunicado el 19 de septiembre, anunciando el inicio de una investigación preliminar para identificar posibles responsables y evaluar las inconductas funcionales. Esta medida busca garantizar la transparencia y el respeto a la ley dentro del sistema judicial peruano, ante la gravedad de las acusaciones.
