El próximo jueves, el Poder Judicial, bajo la dirección del juez supremo Juan Carlos Checkley, evaluará una solicitud significativa: la Procuraduría General del Estado ha pedido que Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, pague S/200,000 como reparación civil.
Esta cantidad se justifica por haber pausado las investigaciones en curso contra el entonces presidente Pedro Castillo, decisiones que el organismo argumenta, han causado un perjuicio económico al Estado.
La controversia se remonta a enero de 2022, cuando Ávalos suspendió las investigaciones en curso, decisión que se alineaba con el artículo 117º de la Constitución Política, que proporciona cierta inmunidad presidencial hasta el fin de su mandato en 2026.
Esta suspensión fue posteriormente archivada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y aunque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó el archivo, también resaltó que no se había pronunciado sobre el pago de la reparación civil solicitada por la Procuraduría.
"NO COMETIÓ NINGÚN DELITO"
La audiencia programada para el 15 de agosto no solo decidirá sobre la solicitud de reparación civil, sino que también podrá redefinir las responsabilidades de funcionarios públicos en situaciones similares.
Mientras tanto, el abogado de Ávalos, Luis Vargas Valdivia, ha defendido a su clienta en declaraciones a RPP, insistiendo en que Ávalos no cometió delito alguno y actuó en cumplimiento de la ley, argumentando que no procede el pago de la indemnización.
