se ha señalado que estas normativas buscan una reestructuración institucional con la intención de menoscabar el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunció la interposición de una demanda ante el Tribunal Constitucional contra una serie de decretos legislativos que impactan negativamente en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público.
Según las declaraciones, estos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en los últimos meses han vulnerado las competencias constitucionales del Ministerio Público, especialmente en lo concerniente a su rol como responsables de la conducción de investigaciones penales desde su inicio.
Además, se ha señalado que estas normativas buscan una reestructuración institucional con la intención de menoscabar el estado de derecho, la institucionalidad y la democracia.
¿CUALES SON?
Decreto legislativo 1592: Señala que la PNP también prevendrá, investigará y combatirá el TID, y sumado a ello investigará este delito en todas sus manifestaciones. Debe realizar operaciones o intervenciones en la ruta a los puertos, aeropuertos o en espacios no considerados zona primaria.
Decreto legislativo 1604: Un aspecto de la norma, se refiere a las funciones de la PNP, artículo 2, numeral 14: “Asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia”.
Decreto legislativo 1605: busca optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.
Decreto legislativo 1611: Precisa que la Fiscalía, como titular del ejercicio público de la acción penal, asume la conducción de la investigación desde su inicio y controla jurídicamente la investigación que realiza la PNP del delito de extorsión y delitos conexos.
La comisión de expertos, dirigida por el fiscal supremo Alcides Mario Chinchay Castillo, ha llevado a cabo un análisis riguroso de los decretos en cuestión, lo que ha culminado en la presentación de la demanda ante el Tribunal Constitucional.
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