Los procesos de extinción de dominio vienen erigiéndose como una herramienta procesal efectiva para combatir a la criminalidad al durar apenas ocho meses (a diferencia del proceso penal que dura unos años), lo que permite la recuperación inmediata de los bienes de procedencia ilegítima.
De ese modo, el Poder Judicial (PJ), a través de su Subsistema de Extinción de Dominio implementado en el 2019, recuperó a la fecha, 300 millones 931 mil 836 soles a favor del Estado al incautar bienes muebles e inmuebles que tenían un origen relacionado a actividades ilícitas.
BIENES INCAUTADOS
“En pocos años desde su implementación, comparado a otros países, somos actualmente uno de los referentes a nivel de Latinoamérica”, expresó al respecto el juez especializado de extinción de dominio Eduardo Diego Torres.
Refirió que los bienes incautados fueron obtenidos con ganancias ilícitas por delitos de corrupción, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otros.
DEVOLVIENDO AL ESTADO
“Somos un sistema robustecido que golpea a la criminalidad en donde más le duele, la incautación de bienes, es decir, en el bolsillo. Así, estamos devolviendo al Estado el dinero instrumentalizado de manera ilícita”, expresó.
Destacó el magistrado, asimismo, que no es necesario que se realice un proceso penal para que proceda la extinción de dominio sobre los bienes que no tienen justificación económica.
“En la extinción de dominio no hay prescripción y lo que se trata es que los delincuentes no se beneficien de bienes obtenidos de forma ilícita, gozando de estos incluso cuando van a la cárcel. La ley alcanza a los testaferros y, por tanto, los bienes ilícitos no pueden ser dados en sucesión o directamente a terceros”, indicó.
CASOS
El magistrado resaltó diversos procesos en que se dispuso la extinción de dominio como el caso Ibárcena, en que se recuperó más de un millón de dólares en cuentas del estado de Luxemburgo, los que fueron obtenidos mediante licitaciones ilegales a través de materiales de guerra.
Otro, el de Moshe Rostchild, relacionado al tráfico de armas para efectos de recuperar diez millones de dólares en Suiza; además, el de la esposa del exgobernador Regional del Callao, Félix Moreno, cuyos dos inmuebles no pudo justificar con el sueldo que recibía.
