El Poder Judicial, desestimó este lunes la tesis por parte de la fiscalía que relacionaba los S/1.700 incautados al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) durante su fallido autogolpe en diciembre de 2022, hecho que culminó en su destitución y reclusión preventiva en el penal de Barbadillo donde cumple una sentencia de 18 meses por rebelión y otros 36 meses por corrupción.
Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, puso en tela de juicio la alegación de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, cuyo despacho insistía que, el dinero confiscado al exmandatario estaba destinado a financiar su decisión de cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
FALTA DE EVIDENCIAS
En su resolución, el magistrado determinó que, hasta la fecha, la investigación no ha mostrado ninguna evidencia o prueba que vincule este monto con los delitos de rebelión o conspiración. De hecho, Checkley apuntó en su resolución que "el monto hallado no tendría relevancia significativa en el contexto del delito imputado, que por su propia naturaleza implicaría recursos de mayor valor”.
El juez también afirmó que los S/1.700, distribuidos en 17 billetes de cien, no tienen ninguna relación con la investigación contra Castillo, por lo cual ha desestimado la solicitud de confirmación de incautación. Además, Checkley señaló que la incautación se realizó el siete de diciembre de 2022, pero el Ministerio Público solicitó la confirmación de la medida más de ocho meses después, el 17 de agosto pasado, lo que supone un plazo "excesivo" a criterio del magistrado.
SOBRE EL CASO
El exmandatario permanece en prisión desde su fallido autogolpe, después de que el 16 de diciembre la Justicia emitiera una primera orden de prisión preventiva en su contra. Después, se solicitó otra orden de prisión preventiva bajo la acusación de liderar una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas durante su gobierno.
El caso sigue en curso tras la aprobación del Congreso del informe final de una denuncia constitucional contra Castillo, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba. La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, que el Legislativo aprobó, recomendó acusar a Castillo por organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Investigan además presuntas anomalías encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros supuestos casos de corrupción vinculados a la empresa pública Petroperú y al Ministerio de Vivienda.
