Los jueces evaluarían la situación jurídica de los procesados por delitos menos lesivos y no de la de los autores de crímenes considerados graves, de acuerdo al pedido de facultades del Ejecutivo al Congreso para legislar y reducir el hacinamiento en los penales, indicó el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.
“Planteamos revisar la situación jurídica de procesados por delitos menos lesivos. No estamos hablando de delitos considerados agraviantes para la población o la sociedad”, remarcó en su exposición ante el Pleno.
Descartó además que el Ejecutivo se encargue de definir quiénes serán beneficiados: “No es el Ejecutivo el que va a excarcelar, son los jueces quienes con base en su marco jurídico evaluarán caso a caso (…)”, dijo.
El techo máximo de beneficiados por esta medida debería ser de 10,000 procesados, añadió. Precisó también que la solicitud plantea la necesidad de una ley para que el Poder Judicial revise de oficio, en forma "precisa y clara", los mandatos de prisión preventiva aprobados hasta ahora.
El Pleno aprobó la madrugada de este sábado 23, en primera votación, delegar facultades al Ejecutivo por 92 votos a favor, 32 abstenciones y 5 votos en contra.
