A poco más de un mes de haber asumido el Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori enfrenta su primera crisis política de gran magnitud. La masacre de Trujillo, en la que cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario, desencadenó cuestionamientos contra la Policía Nacional y dos ministros. Las versiones contradictorias sobre la captura de los presuntos responsables terminaron colocando a la mandataria en una posición incómoda, al haber respaldado públicamente la información proporcionada por la Policía.
Uno de los momentos más cuestionados fue cuando Fujimori afirmó que los detenidos habían confesado su participación en el crimen y que existían documentos firmados que respaldaban esa versión. Sin embargo, posteriormente se precisó que se trataba de declaraciones iniciales tomadas dentro del marco legal y no necesariamente de una confesión sincera. La polémica se agravó por las versiones sobre la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y la actuación del titular del Interior, César Astudillo, durante las diligencias.
En medio de esta crisis, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, terminó renunciando al cargo. Lo que inicialmente podía presentarse como un importante golpe contra la organización criminal Los Pulpos y la captura de uno de sus principales cabecillas terminó exponiendo, según los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores, problemas de coordinación y falta de claridad dentro del aparato de seguridad. Paralelamente, el Ejecutivo busca que el Congreso le otorgue facultades legislativas para fortalecer la inteligencia, combatir a las organizaciones criminales y permitir que determinados grupos sean considerados hostiles.
¿CÓMO AFRONTARÁN ESTA CRISIS?
La crisis policial se suma a otros frentes que complican los primeros meses de gestión de Fujimori, entre ellos cuestionamientos a ministros y controversias por supuestos vínculos políticos con el argentino Fernando Cerimedo, acusaciones que la presidenta ha negado. Con la salida de Arriola y una oposición cada vez más crítica, el Gobierno enfrenta el desafío de recuperar credibilidad y demostrar resultados concretos frente al crimen organizado. La denominada “luna de miel” política parece haber llegado a su fin mucho antes de lo esperado.