El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó la estrategia de las Fuerzas Armadas para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, con especial énfasis en el control de los establecimientos penitenciarios. Durante una visita al penal de máxima seguridad Ancón 1, explicó que efectivos de la Marina de Guerra asumirán el resguardo del perímetro exterior de la cárcel, mientras que se implementarán sistemas de escaneo para controlar el ingreso de visitas, trabajadores, vehículos y paquetes.
Según el plan expuesto, los escáneres permitirán detectar objetos ocultos o adheridos al cuerpo de las personas, además de impedir el ingreso de celulares, armas y drogas. Belaúnde indicó que cada equipo tendría un costo aproximado de 150 mil dólares y que el equipamiento completo por unidad bordearía el medio millón de dólares. El Gobierno coordina posibles donaciones de Estados Unidos y, si los resultados son favorables, la tecnología sería instalada progresivamente en los penales considerados más peligrosos del país.
La segunda línea de acción contempla el uso de instalaciones militares actualmente en desuso como centros temporales para extranjeros en situación migratoria irregular que sean intervenidos y estén sujetos a expulsión. El ministro señaló que se busca ampliar el plazo disponible para concretar estos procedimientos y planteó que grupos de personas puedan ser trasladados a sus países de origen mediante vuelos coordinados, incluso utilizando aeronaves militares. La tercera estrategia estará enfocada en las fronteras, donde las Fuerzas Armadas reforzarían la vigilancia frente a organizaciones criminales y grupos considerados hostiles.
PEDIDO DE INTERPELACIÓN
Belaúnde también señaló que se verificará permanentemente el funcionamiento de los bloqueadores de celulares e inhibidores de drones instalados en los penales, mediante controles periódicos y una bitácora de supervisión. Sin embargo, el ministro enfrenta paralelamente un pedido de interpelación en el Congreso relacionado con sus vínculos previos con la empresa minera Poderosa y un aporte realizado al partido al que pertenece. Frente a ello, sostuvo que no mantiene comunicación con la propietaria de la compañía desde que asumió el cargo y negó haber solicitado algún favor. La implementación de su estrategia de seguridad tendrá ahora el desafío de demostrar resultados concretos.