Un nuevo escándalo sacude al aparato estatal tras revelarse el presunto uso de testaferros para obtener contratos por cientos de miles de soles. Un reportaje realizado por Panorama expuso que ciudadanos de condición humilde aparecen como representantes de empresas que han brindado servicios a distintas entidades públicas, sin tener conocimiento de dichas actividades.
Uno de los casos es el de Sila Espinoza Tamara, quien figura como fundadora y representante de la empresa Coalzi SAC, la cual obtuvo 217 mil soles en contrataciones con el Ministerio de la Producción y anteriormente 353 mil soles con el Ministerio Público. Sin embargo, la mujer asegura no conocer la empresa ni haber trabajado con el Estado, indicando que se dedica a labores del hogar y que su sustento proviene del trabajo de su pareja, quien es mototaxista.
Asimismo, se menciona a Cindy Calderón Gamero, supuesta socia en la empresa, quien tampoco pudo ser ubicada. Vecinos indicaron que trabajaba en un banco y no tenía actividad empresarial conocida. Otro caso involucra a la empresa Conalti EIRL, que obtuvo 447 mil soles en contratos con el Ministerio de la Producción para la venta de diversos insumos, y cuya representante, Ítala Baltazara Rodríguez, sería en realidad una trabajadora del hogar, según su propia familia.
VICEMINISTRO SE PRONUNCIA
Frente a estas revelaciones, el viceministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó que se han suspendido los pagos pendientes a las empresas implicadas y que se ha iniciado un proceso de control sancionador. Las autoridades buscan identificar a los verdaderos responsables detrás de estas compañías y determinar posibles redes que estarían utilizando a terceros para acceder a contratos con el Estado.