Continúa en curso el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada por el Ministerio Público de haber recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Según la Fiscalía, el dinero habría servido para financiar la campaña por el “No a la revocatoria” a cambio de beneficios en los contratos de concesión de Rutas de Lima y Línea Amarilla.
En su primera intervención, Villarán negó haber cometido actos de corrupción y sostuvo que su gestión siempre fue transparente. La exburgomaestre reconoció que conocía de los aportes, pero rechazó que se trate de sobornos disfrazados. Además, intentó deslindar responsabilidades al señalar que el fallecido José Miguel Castro, exgerente municipal, manejaba los detalles de estos ingresos.
El Ministerio Público acusa a Villarán de los delitos de asociación ilícita, colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por estos cargos, solicita 29 años de cárcel para Villarán de la Puente, en lo que se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al caso Lava Jato en el Perú.
REPARACIÓN MILLONARIA
La Procuraduría General del Estado, por su parte, exige una reparación civil de 286 millones de dólares a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, bajo el argumento de que su actuación causó un perjuicio millonario a la ciudad y al país. Este juicio se convierte así en una oportunidad para que las empresas rindan cuentas por los beneficios irregulares obtenidos en Lima durante la gestión de Villarán.
