Una investigación de Panorama reveló que la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, asumió la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a pesar de tener una investigación penal en curso, hecho que, según el reglamento del Congreso, debió impedir su designación. La Fiscalía de la Nación formalizó en junio del 2024 una denuncia preparatoria contra la parlamentaria por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa.
El caso se remonta al 2022, cuando el empresario Sergio Ciccia denunció a la inmobiliaria Los Alisos EIRL —empresa en la que Acuña fue gerente— por incumplimiento contractual relacionado con más de 15 terrenos valorizados en más de medio millón de dólares. La empresa respondió denunciando a Ciccia por supuesta falsificación de firma, pero una pericia de la Policía Nacional confirmó que la firma sí pertenecía a la congresista, lo que llevó a una contrademanda directa contra ella.
A pesar de la formalización de la investigación, María Acuña fue elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pocas semanas después. Consultado por Panorama, el exoficial mayor del Congreso José Elice señaló que el reglamento parlamentario es claro: un congresista con procesos abiertos no puede presidir dicha subcomisión. “Debió informarlo, es su deber. El reglamento tiene fuerza de ley orgánica”, sostuvo.
INTENTÓ DESLINDAR RESPONSABILIDAD
La parlamentaria María Acuña intentó deslindar responsabilidad, afirmando que “no sabía” de la denuncia porque quizás no había sido notificada en su momento. No obstante, el equipo de investigación de Panorama confirmó que la congresista sí tenía conocimiento del caso, ya que el 10 de abril de 2023 se presentó a declarar ante el Ministerio Público de Chiclayo. “No (informé) porque cuando asumí no tenía ese tema”, sostuvo la legisladora al ser consultada sobre el tema.
