El escenario político se complica para el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien se enfrenta a una inminente votación clave en el Congreso tras la difusión de nuevos chats que debilitan su versión de haber sido víctima de extorsión. En lugar de mostrar coacción, las conversaciones exhiben a un Otárola afable, romántico y colaborador con jóvenes vinculadas sentimentalmente a él, quienes obtuvieron contratos del Estado en sectores donde él tenía influencia directa. El caso, ahora en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podría marcar su final político y abrirle un camino legal adverso.
Los chats revelados por el programa Panorama evidencian un vínculo afectivo entre Otárola y Yasiré Pinedo, quien recibió contratos por más de 50 mil soles en el Ministerio de Defensa, institución que él lideró antes de ser primer ministro. En los mensajes, ella lo llama “Chapulín” y él responde con afecto, haciendo gestiones, según se lee, para sus viajes, incluso enviando a un emisario —apodado “el gato”— a cumplir encargos personales. Las imágenes y palabras no reflejan a un hombre presionado, sino a alguien comprometido emocionalmente y dispuesto a utilizar recursos públicos para satisfacer relaciones privadas.
Dos rostros, un mismo escándalo
Otra beneficiada, Rosa Rivera Bermeo, también recibió contratos estatales tras visitar el despacho de Otárola. Su currículo incluyó experiencias en negocios modestos, como un hostal de dos estrellas en Huacho, lo que no impidió que se le otorgaran órdenes de servicio por decenas de miles de soles. Ambas jóvenes están vinculadas a dos acusaciones constitucionales en curso, y los chats difundidos son piezas clave que apuntan a una conducta sistemática de favorecer a personas cercanas mediante el aparato estatal, lo que podría configurar delitos de colusión simple y agravada.
Las defensas que Otárola ha sostenido durante meses —basadas en una supuesta extorsión— se desploman frente a una evidencia que más bien muestra gusto, voluntad y reiteración. Las pruebas no solo son legales, también tienen un alto impacto político y simbólico: uno de los hombres más poderosos del gobierno de Dina Boluarte podría enfrentar su caída definitiva por mensajes enviados con corazones, selfies en polo de Superman y órdenes de pago disfrazadas de afecto. El Congreso de la República tiene la última palabra, pero la opinión pública ya parece haber emitido la suya.
