El abogado Roberto Pereira sostuvo que declarar confidencial información relacionada al aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte constituye una clara vulneración de la Ley de Transparencia.
La reciente decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de declarar confidencial la documentación relacionada con el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte sigue generando cuestionamientos. Según el abogado penalista Roberto Pereira, experto en libertades informativas, esta medida representa una aplicación indebida del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece excepciones específicas para la confidencialidad, las cuales no se cumplirían en este caso.
En diálogo con Panorama, Pereira señaló que el artículo en cuestión se refiere a documentos que contengan “consejos, recomendaciones u opiniones” en procesos deliberativos previos a decisiones gubernamentales. No obstante, explicó que un informe técnico sobre el incremento salarial de una funcionaria no se ajusta a esas características, ya que no se trata de opiniones subjetivas, sino de información objetiva que sustenta una decisión administrativa.
El abogado penalista fue enfático al señalar que declarar confidencial este tipo de información constituye una distorsión del espíritu de la norma, cuyo objetivo es garantizar el acceso ciudadano a los actos del Estado. “Se está usando la Ley de Transparencia de manera perversa, para ocultar algo que claramente es de interés público”, afirmó Pereira en una entrevista para el programa Panorama. Añadió que cualquier incremento de sueldo en el más alto cargo del país debería estar rodeado de transparencia total.
NO ES UNA DECISIÓN DE GOBIERNO
“Claramente no calza esa excepción, en primer lugar porque no estamos hablando de documentos que contengan consejos, recomendaciones u opiniones. En segundo lugar, no se trata de una decisión de gobierno. Se trata de un acto de la administración vinculado al incremento de la remuneración de la presidenta de la República. No estamos hablando de una decisión gubernamental que va a incidir en los derechos de la población”, agregó el abogado penalista Roberto Pereira en conversación con nuestro director Marco Vásquez.