Una denuncia remeció el entorno legal y político esta semana. El procurador anticorrupción Amado Enco denunció de manera formal al procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez. Tras la denuncia se han hecho todo tipo de críticas y se han vertido diferentes opiniones, pues se dice, pondría en peligro todo lo recogido sobre Odebrecht mediante la colaboración eficaz.
Amado Enco, en una entrevista exclusiva con Panorama, denunció que habría un favorecimiento a la empresa constructora, respecto a la hidroeléctrica Chaglla y la reparación civil de Odebrecht al Perú. A esto se llegó luego de que a mediados de julio se publicara la sentencia que homologa el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz del 15 de febrero de este año, donde tras una revisión por el equipo de análisis de la procuradoría, se advierte en la parte de la negociación de la reparación civil, sobretodo en la forma de pago, que se habría dado en circunstancias sumamente perjudiciales para el Estado Peruano.
Según Enco, lo que cuestiona es que la procuraduría, teniendo la oportunidad de utilizar el monto del fideicomiso que tendría alrededor de 1400 millones, producto de la venta de Chaglla, la defensa del Estado optó por cobrar solamente 80 millones y devolver el resto, más aún cuando la misma ley estipula que el fideicomiso esta destinado exclusivamente al pago de reparaciones civiles y deuda tributaria, de otra forma ese monto es inamovible.
Asimismo, Enco aseguró que la denuncia interpuesta a Ramírez no abarca o afecta al equipo fiscal que está revisando el caso Lava Jato, es decir no abarcaría al fiscal superior Rafael Vela ni a José Domingo Pérez, ya que el sector que el Procurador estaría objetando es lo que concierne a la reparación civil, específicamente la forma del pago, lo cual no abarca al trabajo que realiza el Ministerio Público.
Más adelante, el procurador Enco aseguró que informó al Ministro Zeballos sobre la preocupación que tenía respecto a este acuerdo, e incluso pidió una reunión con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pero no le permitieron exponer las preocupaciones que la procuraduría anticorrupción había encontrado en la forma cómo se venía abordando el proceso de negociación.
