El congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro Grández, fue elegido como representante de la región Amazonas. Ahora junto a su familia aparecen implicados en un tema irregular, ya que se habrían apropiado de manera ilegal de un departamento construido con recursos del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol).
Según contó el policía en retiro Luis Ayala, le adjudicó a finales de los 90 el uso del departamento a Miguel Antonio Castro Grández, padre del parlamentario con la condición de que termine de pagar las letras al Fovipol, quedando todo estipulado en un contrato privado. Sin embargo, vivieron en el lugar por 14 años sin pagar las cuotas mensuales.
En el 2012, la familia Castro solicitaron ser los dueños vía prescripción adquisitiva de dominio. En la actualidad la vivienda se encuentra a nombre de la madre del legislador. Mientras que la familia Ayala tiene una deuda de 50 mil dólares por el inmueble. Por ello, ha interpuesto una demanda para anular la sentencia que favorece a la familia del congresista.
Para el coronel Lucas Núñez, gerente general de Fovipol, no procedía la precipitación porque había un contrato de por medio tal como lo establece el Tribunal Constitucional. Conversamos con el congresista Castro y señala que esos temas son de su padre pero fue él quien llevó la demanda para apropiarse del inmueble.
