Gran indignación se vive en la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, luego de que se revelara que la misa de perdón celebrada por el monseñor Jordi Bertomeu benefició a personas cuestionadas por la propia población. Comuneros denuncian que la jerarquía eclesiástica fue timada al arrodillarse frente a supuestos defensores de la comunidad que, en realidad, no ostentan representación legal ni el respaldo de la población.
Los personajes señalados son Santos Maza Juárez, denunciado ante las autoridades por maltrato animal, y Marcelino Inga, acusado formalmente por la junta directiva electa por los delitos de usurpación de terrenos, lesiones e intimidación. De acuerdo con los testimonios de los propios pobladores y del dirigente Evaristo More Navarro, ambos personajes han mantenido tomado el local comunal mediante agresiones y disparos, infundiendo temor en la zona.
El conflicto también está relacionado con la propiedad del fundo Santa Regina, cuya extensión supera las 9.000 hectáreas. Masa e Inga sostienen que una asociación civil vinculada inicialmente a integrantes del Sodalicio les arrebató esos terrenos. Sin embargo, una revisión registral citada en el reportaje indica que la Asociación Civil San Juan Bautista fue el quinto comprador del predio en 2012 y dejó de ser su propietaria en 2015.
DENUNCIAN INTERESES PARTICULARES
Frente a este panorama, representantes de la comunidad sostienen que estos grupos habrían instrumentalizado el asesoramiento de diversas ONGs para construir un discurso de victimización y evitar responsabilidades penales por sus actos. La población rechaza el acto eclesiástico y exige que se reconozca a la directiva autónoma y legalmente inscrita, advirtiendo que los involucrados solo persiguen intereses económicos a costa de la tranquilidad de Catacaos.