El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, no solo resuena por haber sido nombrado en una conversación entre el gerente de Iza Mortors, Antonio Camayo y el suspendido juez supremo, César Hinostroza, sino también por graves acusaciones en su contra que datan de hace varios años como son por tráfico de influencias, lavado de activos y de ser el presunto cabecilla de una organización criminal.
Además sobre el doble homicidio contra trabajadores opuestos a su administración en una azucarera en Tumán, ubicada en la región Lambayeque. En tanto, el familiar de una las víctimas denunció la falta de apoyo por parte del personal médico que labora en el hospital de esta localidad cuando ocurrió el ataque y el cual depende de la mencionada compañía agroindustrial.
Pero el caso no quedaría allí, también agentes de la comisaría de este sector lambayecano habrían ayudado a Oviedo para favorecer a los integrantes de la organización criminal que presuntamente integraba y quienes además les habrían facilitado bombas lacrimógenas para amedrentar a sus víctimas, según detallan las investigaciones.
Paralelamente se comenzaron a indagar los vínculos del presidente de la FPF con los congresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza. Por su parte, el fiscal de Crimen Organizado, Juan Carrasco, manifestó que estos dos últimos personajes en mención recibieron dinero de Edwin Oviedo para ampliar una ley de protección patrimonial. Ante ello, la ex vicepresidenta de la República e integrante de Alianza Para el Progreso, se comunicó vía telefónica con el programa para negar cualquier vínculo para favorecer con una norma al ex dirigente azucararero.
