Un testigo protegido denunció una presunta concertación entre empresas de transporte de caudales para impedir la apertura del mercado y mantener el control de este servicio. Según su declaración ante la Fiscalía, representantes empresariales habrían coordinado acciones para bloquear una propuesta que permitiría al Banco de la Nación trasladar dinero a zonas alejadas del país mediante otras alternativas.
El testigo, quien habría ocupado altos cargos en el Estado, un organismo internacional y un gremio empresarial, aseguró que cuenta con grabaciones de reuniones en las que se habrían discutido estas medidas. Indicó que acudió a la Fiscalía porque, según su versión, las coordinaciones perjudicaban a la población más vulnerable, especialmente a quienes dependen del cobro de bonos y pensiones en zonas rurales.
De acuerdo con el testimonio, las empresas Hermes y Prosegur habrían buscado mantener su posición en el mercado del transporte de dinero. El denunciante sostuvo que, a través de una asociación de seguridad privada, sus representantes habrían coordinado para limitar la participación de otras compañías.
La investigación se relaciona con el proyecto de ley 9476, presentado en noviembre de 2024, que planteaba autorizar al Banco de la Nación a trasladar dinero en efectivo con resguardo policial, mediante las Fuerzas Armadas o con vehículos arrendados. La iniciativa buscaba ofrecer alternativas para llevar dinero a localidades alejadas y reducir los costos del servicio.
INSTITUCIONES CLAVE
Según el testigo, la eventual apertura del mercado habría afectado los intereses de las empresas que actualmente brindan el servicio. También afirmó que se habría intentado influir en instituciones públicas, entre ellas la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la SUCAMEC, para obtener opiniones desfavorables al proyecto.