A un mes de la denuncia por la agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval al interior de bus escolar, el caso continúa generando controversia por las distintas versiones de los involucrados y las nuevas hipótesis planteadas por las defensas. La jueza a cargo dispuso mantener la reserva de la investigación, por lo que familiares, abogados y autoridades tienen restricciones para divulgar detalles del proceso, debido a que los investigados y el agraviado son menores de edad.
Seis escolares permanecen bajo internamiento preventivo en Maranguita, mientras que otros cuatro fueron liberados en calidad de testigos. La investigación sostiene que los hechos habrían ocurrido durante un trayecto en bus escolar y que los adolescentes habrían tenido distintos niveles de participación. Sin embargo, las declaraciones recogidas en el expediente han abierto interrogantes sobre las responsabilidades individuales y el papel que habría desempeñado cada uno de los estudiantes.
Una de las nuevas hipótesis planteadas por la defensa de uno de los escolares internados apunta a una posible conspiración en su contra. Su familia sostiene que el adolescente acudió voluntariamente a la Policía y cuestiona las declaraciones que lo vinculan con los hechos. Asimismo, el reportaje señala que tres de los cuatro estudiantes liberados habrían estado en un restaurante donde se habría comentado lo sucedido. La próxima comparecencia judicial de estos testigos será clave para esclarecer sus versiones y determinar si corresponde modificar su situación procesal.
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES
Por su parte, el abogado Julio Rodríguez cuestionó el enfoque de la Fiscalía y consideró que los investigados debieron ser evaluados bajo la figura de la participación criminal conjunta, en lugar de dividirlos en grupos con distintas situaciones procesales. También señaló presuntas deficiencias en la aplicación de criterios de derecho penal durante la investigación. Mientras continúan las diligencias, el caso exige que las autoridades esclarezcan los hechos, determinen las responsabilidades individuales y garanticen el debido proceso, con especial protección de la identidad y los derechos de los menores involucrados.