El Pentágono informó este viernes que el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque fueron desplegados al mar del Caribe para reforzar las operaciones de lucha contra el narcotráfico y las llamadas “organizaciones criminales transnacionales” en la zona de responsabilidad del Comando Sur. La maniobra, dijo la defensa estadounidense, responde a una directiva presidencial y busca aumentar la capacidad de detección, monitoreo e interrupción de flotas y redes que, según Washington, amenazan la seguridad hemisférica.
Según el vocero del Pentágono, el despliegue complementará fuerzas ya presentes desde septiembre —entre ellas buques anfibios, aviones P-8 de patrulla y drones MQ-9— y permitirá coordinar acciones para “degradar y desmantelar” las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Washington afirma que estas operaciones han incluido desde entonces ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
La escalada ocurrió en paralelo a nuevas operaciones letales en el Caribe atribuidas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la neutralización de lanchas vinculadas, según la Casa Blanca, a bandas como el Tren de Aragua; Hegseth y otros funcionarios han calificado a esos grupos de “narcoterroristas” y han publicado videos de las acciones. Estados Unidos sostiene que adoptará una postura enérgica —incluida la posibilidad de ampliar operaciones a tierra— para cortar las rutas del narcotráfico. Estas medidas han provocado críticas legales y diplomáticas y una fuerte condena del gobierno venezolano.
CARACAS RESPONDE
Caracas, por su parte, denunció que el despliegue constituye una provocación y anunció ejercicios militares y el refuerzo de fuerzas a lo largo de sus costas; el presidente Nicolás Maduro y su gabinete han acusado a Washington de buscar un pretexto para una intervención y han prometido “responder” a cualquier agresión. La dinámica entre ambos países —entre operaciones encubiertas, ataques navales y despliegue de naturaleza intimidatoria— eleva la incertidumbre en la región y plantea interrogantes sobre la legalidad y el riesgo de una confrontación mayor.
