El equipo peruano de Amnistía Internacional (AI), solicitó con carácter de urgencia al Congreso el debate de la Ley de Consulta Previa para evitar situaciones difíciles en los pueblos indígenas que puedan generar conflictos sociales en el país.
Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional, advirtió que si no se logra aprobar el dictamen que se elaboró en la legislatura anterior, podrían desencadenarse una seria de protestas de muchas comunidades, debido a la dilatación innecesaria de la norma.
“Si esta ley no entra a debate en el Pleno, será una señal de retroceso, toda vez que discutirla en comisiones nuevamente implicaría una ampliación del tiempo tiempo, con lo cual se puede generar zozobra en las comunidades indígenas al dar la sensación de ser una ley nueva que no recogerá sus expectativas”, señaló Vega.
Además señaló que no existen argumentos para retrazar un dictamen que cumple con todos los estándares establecidos del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de las comunidades indígenas.
La bancada oficialista planteó retomar la autógrafa de Ley de Consulta Previa, que fue observada por el gobierno anterior, para esta semana y así someterla a votación en el pleno del Congreso; pero, legisladores de otras tiendas políticas decidieron no apoyar la iniciativa.
“Las comunidades indígenas esperan que el Congreso apruebe esta ley y si en caso no lo hacen, seguramente esos mismos pueblos y sus organizaciones van a expresar su molestar con protestas por estar en su legítimo derecho de hacerlo. El Congreso tiene una excelente oportunidad de ponerse a la vanguardia del respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas en América Latina, al aprobar el mencionado marco normativo.
“Con esta ley, el Perú tiene la gran oportunidad de ponerse a la vanguardia de la región en temas de respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una norma que recoge los consensos más amplios de las organizaciones indígenas y la sociedad civil”, precisó.
Esta consulta previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio del cual se establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.