La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Román - Juliaca pidió que el departamento de Puno sea declarado en emergencia económica, debido a que las paralizaciones antimineras afectaron las cadenas de pagos de las empresas.
Miguel Ocampo Portugal, vicepresidente del gremio empresarial, explicó que con esta medida se espera que se postergue por 70 días el pago de impuestos sin intereses, multas ni moras.
Según dijo en una radio local, se trata de una iniciativa urgente de aplicar que será presentada hoy ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
Señaló que en los más de 45 días que duró la huelga antiminera la jurisdicción puneña perdió más de 150 millones de dólares y se dañó la actividad turística y la imagen que se proyectaba al exterior.
Ante ello, refirió que el gremio empresarial plantea al Ejecutivo y al gobierno regional emprender una campaña, a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), para revertir la imagen negativa de Puno.
Recordó que Puno es un territorio pacífico, que cuenta con atractivos como el lago Titicaca, el sitio arqueológico de Sillustani, además de las alternativas que ofrece el turismo vivencial y la gastronomía novoandina.
Mencionó, en otro momento, que solicitará a las autoridades una investigación seria para identificar y sancionar a los responsables de los actos vandálicos, y no quede la idea de que cualquiera puede hacer desmanes sin ser castigado.
Adicionalmente, la Cámara buscará convocar al gobierno regional y municipios para constituir un comité que afronte las problemáticas sociales e identifique a tiempo las zonas donde haya actividad de riesgo.
Consideró que no pueden atribuírsele todos los problemas del interior del país al Gobierno Central. “Mucho parte de la desidia y falta de capacidad del gobierno regional gobierno y local”, manifestó.
Mencionó que Puno cuenta con un canon minero que supera los 200 millones de nuevos soles al año y que lamentablemente los presupuestos son ejecutados en un 50 a 55 por ciento, y lo restante se devuelve al erario nacional, lo que resulta inexplicable cuando hay una serie de necesidades por atender.
