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Caso Atico: especialistas piden esclarecer hechos vinculados al proceso judicial en Arequipa

En los últimos días, el caso volvió a ser comentado tras la difusión de grabaciones atribuidas a un colaborador eficaz.




El caso Atico se originó tras los violentos enfrentamientos registrados el 2 de junio de 2022 en el sector Huanaquita, distrito de Atico, provincia de Caravelí, en Arequipa. El hecho dejó un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de conflictos vinculados a la actividad minera en la región.

De acuerdo con las investigaciones, el enfrentamiento se produjo en medio de una disputa por el control de terrenos entre grupos vinculados a las empresas mineras Atico Calpa y Calpa Renace, que operaban en la zona.

Tras un extenso juicio oral, el Colegiado Penal de Camaná condenó a 22 personas por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, usurpación y tenencia ilegal de armas. Las penas impuestas van desde los 12 años hasta los 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Asimismo, algunos procesados fueron absueltos y el Ministerio Público anunció que evaluará la interposición de un recurso de apelación.

GRABACIONES GENERAN PEDIDOS DE ESCLARECIMIENTO

En los últimos días, la difusión de grabaciones atribuidas a un colaborador eficaz volvió a poner el caso en la atención pública. Especialistas señalaron que el contenido deberá ser sometido a las pericias correspondientes para verificar su autenticidad y determinar si existió alguna eventual irregularidad durante el proceso judicial.

En uno de los audios, cuya autenticidad aún deberá ser corroborada por las autoridades competentes, el colaborador afirma haber recibido una presunta advertencia antes de una audiencia. Al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, y el exjuez José Arce Villafuerte coincidieron en que corresponde al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para verificar el material y, de ser el caso, establecer las responsabilidades que pudieran existir. Hasta el momento, las autoridades vinculadas al proceso no han emitido un pronunciamiento público sobre el contenido de las grabaciones.


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