La Defensoría del Pueblo presentó el informe defensorial titulado “Situación de las unidades a cargo de la prevención del delito: Supervisión Nacional a Comisarías Básicas de la Policía Nacional del Perú”, el cual evidencia serias deficiencias en infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos humanos en las comisarías básicas del país.
CIFRAS
De acuerdo con el documento, de un total de 1,327 dependencias policiales, el 72% no cuenta con telefonía fija, el 26% carece de servicio de internet y solo el 21% dispone de radio de comunicaciones, herramienta considerada clave para la coordinación operativa y la seguridad del personal. Asimismo, el 30% de los equipos informáticos, como computadoras, impresoras y fotocopiadoras, se encuentra inoperativo. El informe también precisa que el 5% de este equipamiento pertenece a los propios efectivos policiales, quienes utilizan recursos personales para cumplir sus funciones.
En cuanto a la flota vehicular, el 45.3% se encuentra inoperativa. De este total, el 21.8% corresponde a unidades recuperables y el 23.5% a vehículos declarados irrecuperables. Solo 314 comisarías cuentan con unidades móviles en buen o muy buen estado, mientras que 610 presentan una condición regular y 341 registran vehículos en mal o muy mal estado.
El informe también revela limitaciones en el personal. El 80% de las comisarías no cuenta con efectivos suficientes para brindar un servicio policial adecuado; el 57% carece del personal necesario para la investigación de delitos y el 77% requiere mayor dotación para labores de patrullaje. Además, el 28.3% del personal no ha recibido capacitación con enfoque intercultural en los últimos dos años.
A estas carencias se suman problemas en los servicios básicos. En 53 comisarías, los efectivos asumen de manera personal el pago del servicio de agua; en 11, el de energía eléctrica; y en 56, el de internet. Respecto a la infraestructura, el informe señala que 231 comisarías operan en locales con 50 años o más de antigüedad, de las cuales 16 superan los 100 años, principalmente en Lima y Puno.
Asimismo, solo 583 dependencias solicitaron en el último año la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), y únicamente 166 obtuvieron el certificado correspondiente. Entre las sedes evaluadas, 30 fueron declaradas totalmente inhabitables, 9 parcialmente inhabitables y 32 calificadas en alto riesgo.
