Una nueva denuncia por corrupción remueve a la Policía Nacional en Apurímac. Un comandante y un capitán de la PNP son investigados por presuntamente cobrar hasta S/5 mil a suboficiales a cambio de no cambiarles de puesto. Las evidencias, que incluyen chats, depósitos digitales y mensajes de audio, exponen un modus operandi que vuelve a poner en cuestión la integridad de oficiales de alto rango.
CHATS, DEPÓSITOS Y DENUNCIAS
Los investigados son el comandante Luis Cordero Granda y un capitán identificado como Delgado, quienes laboran en la Divincri y el Depincri de Abancay. La denuncia se sostiene en conversaciones de WhatsApp entre el capitán y un subalterno, donde este exige la devolución de S/500 que habría depositado por Yape.
En los mensajes, el oficial reconoce haber manejado montos mayores y que la orden habría venido de un superior. La evidencia revela el cobro de cupos tanto por evitar cambios de puesto como por “casos atrasados”, práctica que, según analistas, también habría beneficiado a empresas investigadas.
El especialista en seguridad Pedro Yaranga advirtió que existen otros policías que aseguran haber sido presionados y que estas prácticas se habrían convertido en un mecanismo para favorecer intereses externos. Las billeteras digitales Yape y Plin, según los mensajes, habrían sido utilizadas para recibir los pagos ilícitos, dejando rastros clave para la investigación fiscal y administrativa.
MININTER RESPONDE
Tras difundirse la denuncia, el Ministerio del Interior informó que Inspectoría General de la PNP ya investiga formalmente a ambos oficiales. El sector señaló que no se tolerarán actos de corrupción y que el ministro Vicente Tiburcio ha dispuesto una política de tolerancia cero contra efectivos que actúen al margen de la ley. Además, se aprobó un Decreto Supremo que permitirá sanciones más rápidas y la expulsión inmediata de policías involucrados en actos ilícitos.
Tiburcio destacó que la medida busca agilizar procesos disciplinarios y reforzar el control interno, recordando que ya funciona una oficina especial para atender estos casos de manera exprés. El plan integral de orden y seguridad también incluye el uso obligatorio de mapas del delito para mejorar las operaciones policiales según territorio.
CASI 300 POLICÍAS BAJO INVESTIGACIÓN
El caso ocurre en un contexto complejo: el Ministerio Público mantiene actualmente a 298 policías bajo investigación por vínculos con bandas criminales, incluidos integrantes de redes como Los Piratas, que operaban en Lima, Tarapoto y otras regiones. Fuentes cercanas a las pesquisas revelaron a La República que algunos efectivos actuaron bajo presión y que varios han decidido colaborar como “arrepentidos”, entregando pruebas que revelan estructuras de corrupción dentro de la propia institución policial.
Mientras avanza la investigación en Apurímac, la denuncia contra los dos oficiales refuerza la preocupación por la persistencia de estas prácticas. El Mininter asegura que cualquier policía involucrado en actos al margen de la ley será retirado de inmediato, en un intento por recuperar la confianza ciudadana en una institución golpeada por reiterados escándalos. (Con información de La República)
