Gobierno Regional de La Libertad invalidó convenio de S/121 millones con el Consorcio Vías de Huanchaco tras detectar información técnica falsa. La obra presentaba apenas 5.28% de avance.
El Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, anuló mediante resolución ejecutiva el contrato con el Consorcio Vías de Huanchaco por presentar información inexacta sobre los especialistas técnicos del proyecto vial valorizado en S/121 millones.
La decisión se fundamentó en la transgresión del principio de presunción de veracidad de la Ley de Contrataciones del Estado, además del bajo avance de la obra (5.28% al 15 de agosto de 2025) y la inasistencia del plantel profesional clave.
Antecedentes empresariales e investigaciones
La resolución detalló que dos especialistas clave presentaron certificados con información falsa. La empresa emisora no reconoció el documento del especialista en estructuras, mientras que para el de suelos se comprobó que otra persona ocupaba el cargo en el periodo declarado.
El contrato estaba bajo responsabilidad de Lucero Coca Condori, empresaria de 23 años sin experiencia en obras públicas, cuya empresa LC & EC Constructora obtuvo contratos por S/522 millones en tres regiones. La anulación se produce en medio de investigaciones de la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en adjudicaciones, que incluyen reuniones previas entre la empresaria, su padre y el gobernador Acuña.
Disposiciones tras anulación
Como resultado de la anulación, se notificó formalmente al consorcio, se dispuso la constatación física de la obra y se autorizó un nuevo expediente técnico para ejecutar el proyecto desde cero. Simultáneamente, se iniciaron acciones legales contra el consorcio y se notificó a la Procuraduría Pública Regional para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Acuña niega vínculos
Acuña negó cualquier vínculo con Coca Condori, afirmando que no la conoce y que las licitaciones fueron gestionadas por comités técnicos independientes. Sin embargo, otras adjudicaciones a favor de LC & EC en Junín (S/207 millones) y Loreto (S/22 millones) se encuentran bajo investigación por estructuras similares de consorcio con participación técnica mínima de empresas experimentadas.
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