Decenas de ciudadanos vienen protestando en el distrito de Machu Picchu, en Cusco, contra las restricciones en el transporte turístico hacia la ciudadela inca. La movilización se concentró en el sector de Qoriwayrachina, a la altura del kilómetro 88 de la ruta ferroviaria que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo.
Con pancartas y arengas, los manifestantes denunciaron que las empresas Consettur y PerúRail impiden el ingreso de los 18 buses de la operadora San Antonio de Torontoy. De acuerdo con los dirigentes, las unidades permanecen varadas en la zona de Hidroeléctrica a pesar de contar con autorización oficial para realizar el traslado de visitantes hacia la maravilla mundial.
Como se recuerda, el pasado 5 de septiembre concluyó la concesión otorgada a Consettur para el transporte turístico hacia Machu Picchu, empresa que durante años mantuvo la exclusividad del servicio en la ruta Hiram Bingham. La finalización de este contrato abrió el paso a la autorización temporal de la operadora San Antonio de Torontoy, quien obtuvo la buena pro por la municipalidad provincial de Urubamba.
La protesta se desarrolló de forma pacífica y bajo resguardo de la Policía Nacional, que garantizó la circulación normal de los trenes hacia Machu Picchu Pueblo. Sin embargo, el ambiente permanece en alerta debido a que las comunidades han advertido la posibilidad de un paro indefinido si no se permite el ingreso de la nueva flota de buses turísticos.
DIRIGENTES ADVIERTEN PARO EN MACHU PICCHU
Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, acusó a PerúRail de obstaculizar el traslado de las unidades pese a la resolución emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). El dirigente aseguró que las comunidades evalúan un “paro seco e indefinido” para los próximos días, medida que —afirmó— busca garantizar la continuidad del servicio turístico tras el fin de la concesión de Consettur.
Desde el sector privado también surgieron críticas. Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, calificó la situación como un riesgo para la imagen internacional del Perú. Precisó que la incorporación de San Antonio de Torontoy debió realizarse mediante un concurso formal y cuestionó que la empresa solo cuente con autorización temporal de cuatro meses y sin infraestructura adecuada en Machu Picchu Pueblo.
(infobae)
