La criminalidad organizada ha dado un salto preocupante en el Perú. En el 2025, los reportes de extorsión han escalado de forma vertiginosa: pasaron de un promedio de 10 denuncias diarias entre 2019 y 2021 a 69 en lo que va del año, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Este incremento del 700 % es reflejo de una nueva etapa del crimen, en la que las bandas han consolidado su presencia en zonas urbanas y rurales con métodos cada vez más violentos y sofisticados.
Del crecimiento del ‘gota a gota’ al uso de explosivos, las mafias diversifican sus métodos y dominan territorios clave
El fenómeno no solo se concentra en Lima. Regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque también han registrado picos significativos de extorsión en los últimos dos años, con variaciones por tipo de delito. En el 2024, la mayoría de denuncias correspondió a extorsión tradicional (17.413 casos), pero también se reportaron cobros de cupos, préstamos bajo amenaza (‘gota a gota’) y acciones más violentas como disparos contra propiedades o detonación de explosivos, con 717 incidentes reportados solo ese año.
Estas cifras demuestran que, pese a la reducción general de algunos delitos, la extorsión se ha posicionado como una amenaza prioritaria en el país. El problema, según expertos como el analista Juan Carbajal, es que el crimen organizado ha encontrado nuevas fuentes de ingresos mientras las respuestas del Estado aún están fragmentadas. La fragmentación institucional, la corrupción policial y la falta de presencia estatal en zonas vulnerables han permitido que las mafias se fortalezcan.
A medida que se acerca el cierre del gobierno de Dina Boluarte, la seguridad ciudadana se convierte en uno de los retos más serios. Si bien las autoridades reportan la desarticulación de más de 30 bandas criminales y la detención de más de 250 presuntos implicados, los resultados aún no alcanzan a contener una modalidad delictiva que ha crecido en volumen, violencia y alcance.
