El recurso más usado por el Gobierno para enfrentar la criminalidad —la declaratoria de estado emergencia— está perdiendo legitimidad. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, “más de 8,9 millones de personas han vivido bajo estados de emergencia por inseguridad”, pero solo el 9% considera que estas medidas han dado buenos resultados.
Lima, la más crítica con los estados de excepción
“En Lima, el 60% de la población ha sido alcanzada por estas declaratorias”, indica el informe. Sin embargo, esa misma población expresa una evaluación predominantemente negativa: “el 59% cree que las medidas fueron malas o muy malas”. En regiones del interior, el 47% considera el resultado como regular, mientras que solo un 12% lo aprueba.
Por nivel socioeconómico, la desaprobación es contundente: “el 60% del nivel AB y el 55% del C evalúan negativamente el estado de emergencia”, destaca el documento. Estos datos sugieren que, más allá del impacto en libertades, existe un sentimiento generalizado de ineficacia estatal.
“La ciudadanía necesita soluciones sostenibles, no parches legales”, concluye el Observatorio. La inseguridad requiere intervenciones que restauren la confianza, no que la desgasten más.
