A menos de un año de los comicios generales en Perú, un informe revela un alarmante hallazgo: al menos 35 ciudadanos incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior —por delitos graves como homicidio, violación sexual, narcotráfico o lavado de activos— aparecen como militantes activos de partidos políticos legalmente inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Esta investigación, realizada por RPP, cruza información del Ministerio del Interior con el padrón de afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Los resultados muestran cómo personas buscadas por la justicia han logrado inscribirse y permanecer en agrupaciones políticas sin mayor filtro, pese a las acusaciones o incluso sentencias que arrastran.
Casos emblemáticos: Recompensas, delitos y afiliaciones
Entre los casos más notorios está José Antonio Aquino Montoro, quien desde 2022 es buscado por un asesinato cometido en Huaraz. También figura Luis Francisco Pardo Paico, acusado de violación a un menor desde 2017. A ambos se les ofrece una recompensa de 20 mil soles por información que permita su ubicación. Otra requisitoriada es Rosa Angélica Ayachi Ojanama, vinculada al tráfico de drogas, por quien se ofrece 15 mil soles.
Lo que estos tres nombres tienen en común no solo es su condición de prófugos de la justicia, sino que todos están afiliados formalmente a partidos políticos que participarán en los comicios del próximo año. Y no son los únicos: decenas de personas en situación similar figuran en el registro oficial de militantes.
Perú Libre, APP y Acción Popular lideran el número de requisitoriados
La agrupación con mayor número de afiliados en esta situación es Perú Libre. Entre sus militantes más buscados figura su fundador, Vladimir Cerrón, con orden de captura vigente por varios delitos de corrupción. Le siguen otros personajes como Francisco Muedas Santana, implicado en la red “Los Dinámicos del Centro”, y sujetos buscados por delitos de violación y narcotráfico.
Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña, aparece en segundo lugar con cinco afiliados incluidos en el programa de recompensas. Uno de ellos, Eliseo Ríos Sebastian, fue inscrito en el partido en 2017, meses después de haber sido incorporado a la lista de los más buscados por tráfico de drogas. La dirigencia de APP alega desconocimiento y promete expulsiones, pero el registro deja en evidencia que no hubo verificación previa.
Acción Popular también cuenta con cinco afiliados en la lista. Entre ellos hay personas acusadas de extorsión, tráfico de drogas y violación sexual. Su presidente, Julio Chávez Chiong, se comprometió a activar los mecanismos internos para separar a estas personas de la agrupación y pidió coordinación interinstitucional para tener acceso a bases de datos actualizadas.
Vacíos legales y filtros deficientes: ¿cómo llegaron hasta allí?
Pese a la gravedad de los delitos imputados, muchos de estos ciudadanos mantienen sus derechos civiles intactos por no contar aún con sentencias firmes. De acuerdo con el abogado electoral José Manuel Villalobos, mientras no haya una condena, las personas requisitoriadas pueden afiliarse e incluso postular a cargos públicos, debido a la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.
El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, remarca que si bien la ley no impide la militancia en estos casos, los partidos tienen la responsabilidad ética de evitar que personas con antecedentes tan graves se mantengan en sus filas. Lamentablemente, muchos partidos siguen afiliando sin filtros adecuados, lo que expone graves fallas en el control interno de estas organizaciones.
Transparencia, depuración y control ciudadano: desafíos urgentes
El exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Pastor, sostiene que aunque la ley no lo prohíba expresamente, las agrupaciones políticas deben asumir un rol activo en identificar y expulsar a requisitoriados. Sugiere que una coordinación entre el JNE, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú permitiría crear alertas automáticas sobre estos casos.
La proximidad de las elecciones primarias, previstas para el último domingo de noviembre, hace aún más urgente esta revisión. Si alguno de los 35 requisitoriados llega a postular como precandidato y resulta elegido, su historial deberá aparecer obligatoriamente en la hoja de vida, lo que permitiría activar mecanismos de tacha antes de que lleguen a la papeleta electoral.
En definitiva, este hallazgo pone en evidencia la fragilidad del sistema de inscripción de militantes y la falta de voluntad política para implementar filtros efectivos. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes se esconden bajo la cobertura de los partidos políticos y a exigir una depuración que impida que el crimen organizado infiltre la política nacional.
