Petroperú reportó que miembros de la comunidad indígena Sinchi Roca retuvieron este miércoles 28 de mayo al menos cuatro embarcaciones en el río Corrientes, en Loreto, tras un nuevo derrame de petróleo en el kilómetro 315 del oleoducto norperuano.
Las tripulaciones afectadas solicitaron la intervención del Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Marina de Guerra, mientras la empresa estatal denunció que esta acción ocurre en medio de tensiones por incidentes similares recurrentes, según informó Canal N.
Exigencia económica y riesgos ambientales
La comunidad exige a Petroperú una transferencia de S/150 mil para financiar un proyecto local, demanda que la empresa rechaza por "escapar a sus competencias". Los comuneros amenazaron con retirar las grapas de contención del crudo. Aunque Petroperú activó protocolos de contingencia, sus operarios fueron impedidos de realizar labores de limpieza en la zona afectada.
Atentados al oleoducto
Petroperú informó que el derrame inicial el 19 de mayo, se originó por una perforación en el ducto, responsabilizando a la comunidad. El 27 de mayo registró un cuarto atentado en lo que va del año, tras una manipulación deliberada de grapas de reparación causó nueva filtración hacia una quebrada, incrementando el riesgo sanitario.
Cuatro atentados en 2025 y llamado a protección
La tensión persiste pese a esfuerzos por contener fugas, con cuatro atentados registrados solo en Loreto durante 2025. En su comunicado, Petroperú exigió a autoridades "medidas urgentes" para proteger el oleoducto, catalogado como activo crítico nacional. Las embarcaciones retenidas transportaban crudo desde Trompeteros y equipos mineros.
Cabe precisar que, la empresa petrolera a través de su área de Imagen, mencionó que el acto vandálico fue detectado mediante su sistema de monitoreo y que, de inmediato, se activaron los protocolos de contingencia.
La compañía remarcó que este tipo de atentados no solo comprometen la seguridad operativa del oleoducto, sino que también agravan la crisis ambiental y ponen en riesgo la salud de las comunidades que habitan en la zona de influencia.
