El pasado 8 de octubre, el cuerpo de Gerardo Keimari Enrique, un reconocido defensor ambiental y líder de la comunidad indígena Shipetiari en Madre de Dios, fue hallado sin vida. A pesar de formar parte del programa de protección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para personas defensoras, su muerte ha generado consternación y preocupación por la seguridad de los líderes indígenas en la región.
Keimari era una figura clave en la defensa del territorio ancestral de su comunidad, y su deceso ha sido denunciado por la Defensoría del Pueblo, que ha exigido una investigación exhaustiva por parte de la Primera Fiscalía en Derechos Humanos e Interculturalidad.
DENUNCIAS PREVIAS Y AMENAZAS
Gerardo Keimari había denunciado amenazas en los meses previos a su muerte. Según el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), el líder indígena y otros miembros de su comunidad habían sido víctimas de ataques y amenazas. Estas denuncias fueron presentadas al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero no se evitó el trágico desenlace.
La organización ha pedido que se investigue a fondo el caso, exigiendo justicia para Keimari y su comunidad, quienes luchan por la ampliación de su territorio ancestral.
EXIGENCIAS DE JUSTICIA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales, lamentando la muerte de Keimari y solicitando una acción inmediata de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para proteger a los familiares del fallecido. Además, insistieron en la necesidad de aplicar un enfoque intercultural en la investigación y garantizar la seguridad de otros líderes indígenas que enfrentan amenazas similares.
