Multan a Municipalidad de Jaén y otros gobiernos regionales por incumplir cuota laboral de PCD
Conadis multó con S/.61.800 (12 UIT) a la comuna de Jaén por incumplir la cuota laboral de personas con discapacidad (PCD).
Conadis multó con S/.61.800 (12 UIT) a la comuna de Jaén por incumplir la cuota laboral de personas con discapacidad (PCD).
En un acto sin precedentes, la Municipalidad de Jaén ha sido multada con S/.61,800 por no cumplir con la cuota laboral de personas con discapacidad, un mandato legal que busca fomentar la inclusión en el ámbito laboral. Este hecho marca un hito en las acciones de fiscalización del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el cual ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N°29973).
UN PROBLEMA EXTENDIDO EN LA REGIÓN
La ley exige que las entidades públicas y privadas cumplan con una cuota mínima del 5% de empleados con alguna discapacidad, un objetivo que la Municipalidad de Jaén ha incumplido flagrantemente, con apenas un 2.14% de su plantilla laboral acorde a la normativa. Tras las inspecciones realizadas en 2023, CONADIS aplicó una multa de 12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/.61,800.
FALTA CLASIFICADA COMO MUY GRAVE
Según el marco legal vigente, no alcanzar la cuota establecida se considera una falta muy grave. Este escenario se evidenció cuando el municipio, tras apelar inicialmente la decisión de la Dirección de Fiscalización y Sanciones (DFS), no logró revocar la sanción impuesta. Esta situación se replica en otros ámbitos regionales, donde tanto el Gobierno Regional de Amazonas como el de Lambayeque también enfrentaron sanciones por faltas similares.
En el caso de Amazonas, de 133 trabajadores, solo cinco presentaban alguna discapacidad, situándose en un 3.75% y en Lambayeque, de 419 empleados, solo siete cumplían con el criterio de discapacidad, lo que representa un insuficiente 1.67%.
Este patrón de incumplimiento resalta la necesidad de una mayor vigilancia y compromiso por parte de las entidades gubernamentales para cumplir con la legislación que no solo busca proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad, sino también promover su desarrollo e inclusión en la sociedad. Las sanciones impuestas buscan ser un recordatorio y un llamado a la acción para todas las instituciones del país.
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