Según la información obtenida por diversas organizaciones indígenas y de sociedad civil de Perú, desde el 2013 al menos 26 personas defensoras indígenas perdieron la vida a causa de proteger a sus pueblos y sus territorios. Pese al incremento de víctimas, las acciones estatales como el denominado Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras aprobada en abril de 2021, no logran ser lo suficientemente efectivas para prevenir las amenazas y ataques, así como para proteger a las personas defensoras considerando sus derechos colectivos, especialmente en aquellos territorios donde las presiones están asociadas con actividades ilegales.
Pero el Perú no es el único país que presenta este problema. Otros países de América Latina, como Colombia y Brasil, también se unen a la lista de naciones en las que las voces indígenas se escuchan pero aún no logran que los gobiernos pertinentes otorguen respaldo a quienes protegen no solo a su pueblo, sino también a los bosques y sus territorios.
En el marco de esta situación, en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú entró en vigor en 2021, siendo el único tratado en la región que busca velar por el acceso a la participación pública, el derecho de acceso a la justicia ambiental y, de manera especial, la protección de personas defensoras de derechos ambientales.
Es así que, desde el 19 al 21 de abril, se viene desarrollando en Buenos Aires, Argentina, la Segunda Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es elegir a las personas que integrarán el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento de este acuerdo. En simultáneo, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones indígenas de la región, vienen impulsando eventos paralelos, con el objetivo de reforzar la importancia de este acuerdo para Latinoamérica y el Caribe.
Uno de los temas que más respaldo ha tenido entre las citadas organizaciones, es asegurar la participación de representantes indígenas en la COP2 de Escazú para que las propuestas sean incluidas por los Estados dentro del índice y del “Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales del Acuerdo de Escazú”, documento que servirá de guía para las futuras acciones en el marco de defensoras y defensores ambientales.
Elaine Shajian, lideresa indígena peruana y representante de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), mencionó durante una conferencia de prensa que las experiencias de las propias voces indígenas se vuelven relevantes para conocer lo que sucede con ellos y la falta de acción del gobierno: “Compartir nuestras experiencias es muy importante; hacemos un llamado ya que, como pueblos indígenas, estamos corriendo riesgos y tenemos muchas amenazas por todas partes. Somos perseguidos y cuando pedimos protección al Estado, no nos brindan apoyo".
Asimismo, Yanet Velasco, lideresa e integrante de la Junta Directiva de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) en Perú, reflexionó sobre el contexto actual en relación al Acuerdo de Escazú. “Desde CARE estamos trabajando ante todos los atropellos que vivimos (y hemos vivido). El pueblo Asháninka ha vivido en carne propia las amenazas y ataques durante el conflicto armado, y en la actualidad la historia no ha terminado, pues en la cuenca del Ene encontramos el avance de las invasiones, los cultivos de coca y el narcotráfico”.
Del mismo modo, Agilio Semperi, líder indígena representante del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), indicó: “quienes venimos de todo el mundo, queremos hacerle entender a nuestros gobiernos, de diferentes países, que el tema de Escazú es importante para poder defender a nuestros líderes […] nuestros gobiernos no están tomando interés en el tema pero nosotros los indígenas tenemos nuestra alarma en nuestro comité de autodefensa, nosotros mismos somos quienes apoyamos nuestra Amazonía y vamos a seguir defendiéndola […] Vamos a apostar en la defensa de nuestro pueblo”.
Los tres representantes indígenas vienen participando de los diversos espacios de diálogo durante la COP2 del Acuerdo de Escazú, en los que reforzarán la importancia de incluir las sugerencias de los pueblos indígenas para el “seguimiento a la Decisión I/6 sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, encuentro que se desarrollará el 21 de abril.
El Acuerdo de Escazú busca fortalecer los derechos en temas ambientales, objetivo que permitiría un desarrollo sostenible e integrado, basado en el respeto a las personas y a los territorios, aceptando y valorando las diversas culturas y, sobre todo, brindando la posibilidad de dejar un lugar en el que las futuras generaciones podrán vivir tranquilas.
