El Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en delito de Lavado de Activos, consiguieron que cuatro barras de oro, con un valor de USD $ 1’588,079 dólares americanos, no salgan del país rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, sino que, por el contrario, dado el origen ilegal de dicha mercancía, pasen a propiedad del Estado Peruano.
El 13 de enero pasado, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio del Callao eliminó todo derecho sobre las barras de oro que poseía la Empresa Minera Aurífera Buena Vista SAC. Ello debido a que los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría eran sólidos respecto a su proveniencia asociada a los delitos de minería ilegal y lavado de activos.
La empresa, que tiene como gerente general a Percy Francisco Vílchez Salvatierra, había realizado un total de 210 exportaciones en el transcurso del 2015 al 2019. Dichas transacciones de oro se calculan por un valor de 186 millones de dólares, según registran las declaraciones aduaneras de mercancía.
Así, la sentencia dispuso "la transferencia y/o titularidad de los bienes muebles a favor del Estado Peruano, representada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), conforme las facultades que la ley autoriza".
CONSECUENCIAS
Como se sabe, la minería ilegal es un flagelo difícil de enfrentar porque se constituye como un foco de atracción para delitos que deterioran el ecosistema, contraminan las aguas, atraen la trata de personas, el contrabando y otras transgresiones contra las cuales el Estado está llamado a luchar frontalmente.
