Contradictorio. El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de presupuesto público del año 2023 que plantea extender la suspensión de la Ley 31298 que prohíbe contratar locadores de servicios en el Estado, cuando en el mes de febrero emitió un Decreto Supremo en el que restringe la tercerización laboral en el sector privado, a fin de evitar la precarización del empleo formal.
Con esta modificación, con la que se promueve la contratación de locadores de servicios en el Estado, se promueve la informalidad laboral en este sector, ya que este tipo de contrato trabaja de manera subordinada a una entidad pública y no está sujeta a los beneficios laborales como vacaciones, aguinaldos, pensiones, etc., además, no está en planilla bajo ningún régimen laboral, informó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
CIFRAS
Un informe de Servir mostró que, al cierre del año 2020, el Estado tiene cerca de 206 mil 217 locadores de servicios distribuidos en los gobiernos locales (26%), en el Gobierno Central (13%) y gobiernos regionales (6%). Además, el Gobierno de Pedro Castillo es el que más presupuesto concentra para este tipo de contrataciones con más de S/3 000 millones asignados para este 2022, de la que solo se ha ejecutado un 58%, informó el diario Gestión.
Con información de RPP.
