La vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, fue duramente cuestionada tras criticar a la minería durante el Foro Económico Mundial en Davos.
En el evento, la autoridad refirió que “Estas empresas (mineras), así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo, pues midamos estas contaminaciones, porque el Perú no es una isla donde está Robinson Crusoe”.
Sobre esto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su rechazo a las declaraciones y consideró que con esos argumentos “pretende descalificar al sector minero formal que trabaja en el Perú al imputarle acciones contra el medio ambiente y de falta de interrelación con las comunidades vecinas a las unidades mineras”, se lee en un comunicado.
La institución aseguró que las afirmaciones son “inexactas”. “Nos preocupa que una vez más las autoridades del Gobierno desaprovechen una gran oportunidad para promover nuevas inversiones hacia el sector minero peruano, que juega un rol importante en el proceso de reactivación de la economía nacional y que más bien se busque deslegitimar su real aporte en el Perú”, expresó.
NO HUBO CRITICA A LA MINERÍA INFORMAL
La SNMPE recordó que este sector está regulado para cumplir los parámetros ambientales como los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental, supervisados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming).
Quienes no están siendo controlados son los que se dedican a la minería ilegal que en el país ha provocado la deforestación de 31,000 hectáreas de bosque al sureste de la Amazonía y ha llegado a 21 de las 24 regiones del país.
El gremio señaló también que el relacionamiento de las empresas mineras con las comunidades de su entorno cuenta con regulación de estricto cumplimiento desde etapas tempranas, promoviendo, además, programas de desarrollo social para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, se hace necesario que las autoridades inviertan de manera eficiente y oportuna los recursos generados por la minería, para dar servicios básicos a la población, y reducir así la conflictividad social.
Boluarte también señaló las falencias de la consulta previa. Nuevamente, es importante precisar que el marco regulatorio para la consulta previa existe y que es responsabilidad del Estado promoverla y ejecutarla.
