A casi cinco meses de la promulgación de la Ley Nacional de Cáncer esta sigue sin implementarse, ya que el Minsa no concluye su reglamentación final, poniendo en riesgo a más de 150 mil pacientes, quienes esperan poder acceder a la cobertura universal y gratuita que establece la norma.
A pesar de que las asociaciones de pacientes oncológicos remitieron sus sugerencias de mejora al proyecto de reglamento, publicado por el Minsa en noviembre del 2021, se desconoce si estas fueron tomadas en cuenta, puesto que no han tenido ningún tipo de respuesta del ministerio.
“Urge solicitar la transparencia en la reglamentación de la Ley. Debemos dejar de lado los temas burocráticos que solo perjudican al paciente y facilitar el acceso a nuevas medicinas, estableciendo plazos definidos para los responsables de su evaluación. En el caso del cáncer, la burocracia mata”, expresó Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia.
Además de la excesiva burocracia en el proyecto de reglamento, expertos como Diego Venegas, médico oncólogo y exviceministro de Salud, señalan que es necesario considerar en el documento definitivo:
- Mejorar la asignación y ejecución del presupuesto en cáncer. Debería evaluarse la creación de un fondo de alto costo que permita a todos los peruanos tener la misma cobertura. Su existencia evitaría que el presupuesto no ejecutado regrese al MEF y pueda acumularse año a año en beneficio de más pacientes.
- Optimizar el proceso de aprobación para los medicamentos oncológicos que no están considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), ni en las listas complementarias. Pese a las exoneraciones tributarias que tienen los productos oncológicos, las barreras burocráticas impiden su incorporación rápida al PNUME. Además, el proceso actual no tiene plazos definidos ni es transparente, puesto que la sociedad civil no puede conocer el avance del mismo.
- El encargado de regular y conducir el Banco Nacional de Tumores debería ser el Instituto Nacional de Salud (INS) al estar desligado de un prestador de servicios de salud se reducen los conflictos de intereses, además de promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
- Promover el uso de mecanismos de adquisición diferenciada
Estos mejoran el acceso a medicina moderna y a la vez por estar vinculados a resultados obligan al Estado a seguir la evolución de los pacientes de cerca. También facilitan la compra de terapias de gran calidad.
Para las asociaciones de pacientes es responsabilidad del Estado evitar que se suspendan los tratamientos en curso, por lo que debe garantizar el acceso y suministro constante de medicamentos que detengan el avance de la enfermedad. Sin embargo, para el 2022 se ha recortado el presupuesto para la prevención y control del cáncer en un 18%, lo que agrandará la brecha actual, estimada en 800 millones de soles en Perú.
